Las negociaciones recientes en Naciones Unidas en el marco de la CSW70 y la CPD59 evidencian una creciente ofensiva contra los derechos de mujeres y niñas, especialmente en lo relativo a derechos sexuales y reproductivos y movilidad humana. Mientras los consensos internacionales se debilitan y el sistema multilateral se fragmenta, en Europa avanza en paralelo un endurecimiento de las políticas migratorias que amplía la detención, refuerza el control y limita el acceso a derechos fundamentales. El resultado es un escenario donde nuestros derechos no solo se cuestionan en espacios internacionales, sino que se restringen de forma concreta a través de las fronteras y la aplicación de la política pública sin perspectiva feminista interseccional.
En estas últimas semanas, dos espacios clave de Naciones Unidas han vuelto a evidenciar el grado de tensión actual en torno a la igualdad de género, la defensa de los derechos de mujeres y niñas y la política pública: la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) y la Comisión de Población y Desarrollo (CPD59). Lejos de ser foros técnicos o alejados de la realidad, sus negociaciones establecen marcos que condicionan directamente políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, movilidad humana y acceso a la justicia. Lo ocurrido en esta edición confirma una tendencia creciente: la erosión de consensos y la apertura de una pugna política sobre el alcance de estos marcos internacionales.
Por primera vez en siete décadas, las conclusiones de la CSW70 no se han aprobado por consenso, sino mediante votación formal. Aunque el resultado muestra la capacidad de organizar un rechazo colectivo a los intentos de retroceso, este proceso también evidencia la creciente fragilidad del sistema multilateral. Pone de manifiesto la existencia de resistencias cada vez más organizadas en un contexto internacional cada vez más hostil hacia el marco de los derechos humanos, y en particular, hacia los derechos de mujeres y niñas.
Por primera vez en siete décadas, las conclusiones de la CSW70 no se han aprobado por consenso, sino mediante votación formal. Esto refleja una fractura creciente entre Estados y una pérdida de acuerdos básicos en torno a la igualdad de género.
Durante las negociaciones, se intentaron introducir restricciones al lenguaje acordado internacionalmente, especialmente en relación con el concepto de ‘género’ y con los derechos sexuales y reproductivos. Estas prácticas son consecuencia de importantes presiones desde un movimiento ultraconservador y antiderechos más amplio que, a través de estas estrategias, busca redefinir estándares internacionales ya consolidados y reducir el alcance de los compromisos existentes.
El futuro de la arquitectura institucional de Naciones Unidas
Las propuestas de reorganización de agencias clave en materia de igualdad y salud reproductiva han generado preocupación por un posible debilitamiento de estas agendas en un momento de presión presupuestaria y reordenación de prioridades globales. Destaca la propuesta de fusionar ONU Mujeres y el Fondo de Población (UNFPA) dentro de la iniciativa UN80, propuesta que ha encendido las alarmas del movimiento feminista, que advierte del riesgo de debilitar la arquitectura institucional dedicada a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos. Además, ante la crisis de financiación que atraviesa la ONU, existe el temor de que algunos donantes utilicen esta reestructuración como excusa para reducir aún más sus aportaciones. En esta misma línea, la CPD59 ha reflejado cómo las agendas de población, cuidados y movilidad están cada vez más interconectadas, aunque políticamente más fragmentadas. La falta, desde hace ya unos cuantos años, de una declaración final de la CPD, así como la existencia de negociaciones cada vez más tensas y polarizadas, refuerzan la tendencia a debilitar estos marcos globales y, por lo tanto, a trasladar estas discusiones a niveles regionales, donde la protección efectiva podría variar de forma significativa.
La mirada puesta en Europa
El impacto de estas negociaciones, además, no solo se limita al plano internacional. En Europa, las políticas migratorias se han endurecido. El nuevo reglamento de retorno impulsado por el Parlamento Europeo (en sus fases finales del proceso de aprobación) amplía los supuestos de detención, prolonga los plazos hasta 24 meses y refuerza mecanismos de control que pueden derivar en prácticas de perfilamiento racial y mayor vigilancia de personas en situación administrativa irregular. Estas medidas tienen efectos directos sobre la vida de las personas: condicionan el acceso a la salud, la educación, la protección frente a la violencia y la posibilidad de regularización. En este sentido, más de 110 organizaciones han exigido al Gobierno español que se posicione en contra señalando que les «preocupa profundamente la normalización de medidas que refuercen la criminalización de la migración, el perfil racial y la erosión de las garantías fundamentales propias del Estado de derecho».
El nuevo reglamento de retorno impulsado por el Parlamento Europeo amplía los supuestos de detención, prolonga los plazos hasta 24 meses y refuerza mecanismos de control que pueden derivar en prácticas de perfilamiento racial.
En este escenario, la agenda de migración feminista es una de las que corre mayor riesgo de quedar relegada y sin financiación. La movilidad humana y, en particular, la situación de las personas migradas, debe ocupar un lugar central en la articulación de ambas agendas. Para ello es necesario incorporar una perspectiva feminista en las políticas migratorias; garantizar derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, en contextos de movilidad; visibilizar las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres migradas; y fomentar la participación activa en espacios internacionales para posicionar esta agenda y evitar su marginalización o tratamiento exclusivamente securitario. Por su parte, los derechos sexuales y reproductivos continúan siendo un campo de disputa central en el ámbito multilateral. La continuidad entre procesos, junto con una presencia activa y alianzas estratégicas, ha de permitirnos reafirmar compromisos internacionales, evitar retrocesos en los marcos normativos y garantizar su implementación en contextos de movilidad y desigualdad.
Sobre el acceso a la justicia
La perspectiva feminista es central para analizar las dinámicas migratorias. Tal como se ha evidenciado en la CSW70, las mujeres migrantes enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia, con más denegaciones de protección, sobreseimientos y dificultades en el reconocimiento de pruebas. Lo dejan claro las compañeras de la Red Mujer Salud y Migración: «El acceso a la justicia es inaccesible bajo el paradigma actual de securitización y externalización de fronteras: El control migratorio y la militarización prevalece sobre la protección, criminalizando a las sobrevivientes de violencia en movilidad humana y desincentivando la denuncia por temor a la detención, deportación o revictimización. Sin desvincular el control migratorio de la atención integral a las víctimas y sobrevivientes, no habrá justicia».
«El acceso a la justicia es inaccesible bajo el paradigma actual de securitización y externalización de fronteras. Sin desvincular el control migratorio de la atención integral a las víctimas y sobrevivientes, no habrá justicia»
Persisten, además, sesgos de género y discriminación racial en la práctica judicial. El acceso a la justicia no puede convertirse en un itinerario de desgaste, descrédito o empobrecimiento. Tampoco puede depender del origen, la clase social o la pertenencia étnica de quien denuncia. Si la justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho, debe operar como espacio de garantía reforzada para quienes enfrentan violencia machista, no como un ámbito donde ésta se reproduzca bajo formas institucionales.
Y entonces, ¿hacia dónde vamos?
Lo que nos muestran la CSW70 y la CPD59 es que los marcos internacionales no están en retroceso lineal, sino en transformación conflictiva: les acompaña una presión creciente que reduce su alcance y capacidad de garantía. Por ello, la continuidad entre ambos procesos se vuelve clave para sostener lo que aún permanece y evitar nuevas erosiones, especialmente en lo relativo a derechos sexuales y reproductivos, movilidad humana y acceso a la justicia. La traducción de estos marcos en políticas públicas efectivas —en clave feminista y antirracista— es un elemento central, tanto en la protección de personas migrantes como en el reconocimiento de quienes defienden derechos en contextos de creciente hostilidad.
Por ello, nuestra participación en la CSW70 y la CPD59, un año más, ha sido un acto político claro desde la conciencia de que, los derechos que dábamos por garantizados, están hoy bajo un ataque coordinado al que solo podemos responder de manera organizada. Desde Acogidas Feministas vamos a seguir monitoreando el desarrollo de la iniciativa UN80, en particular la posible fusión de ONU Mujeres y UNFPA; a incidir para transformar los compromisos internacionales en políticas públicas locales que garanticen el acceso a la justicia con enfoque feminista y antirracista para mujeres en movilidad, aseguren mecanismos de regularización migratoria dignos y reconozcan y protejan a las defensoras de derechos humanos; a ampliar y fortalecer alianzas multinivel para articular respuestas integrales, coordinadas y feministas frente a los ataques contra nuestros derechos; y a defender los consensos alcanzados en materia de derechos de las mujeres como un suelo mínimo irrenunciable.
Nuestra participación en estos espacios es un acto político desde la conciencia de que, los derechos que dábamos por garantizados, están hoy bajo un ataque coordinado al que solo podemos responder de manera organizada.
Porque sabemos que el acceso a derechos no es irreversible. Depende de decisiones políticas, de correlaciones de fuerza y de la capacidad de sostener marcos comunes en un escenario cada vez más fragmentado.
‘Acogidas Feministas: transformamos juntas’ es un proyecto que busca contribuir al bienestar de las mujeres, adolescentes e infancias en movilidad, solicitantes de asilo y refugiadas, así como de sus familias en la frontera México-Guatemala, para el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente el derecho a una vida libre de violencias machistas desde un enfoque mesoamericano.
Todo ello gracias al trabajo de cuatro entidades: Formación y Capacitación (Chiapas, México), Asociación para la Promoción en Salud Unidos para Vivir (Guatemala), Almena Cooperativa Feminista (Barcelona, Cataluña) y Creación Positiva (Barcelona, Cataluña). Este proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Con el apoyo de:
