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Aproximadamente 3 mil personas migrantes y con necesidades de protección internacional salieron de Tapachula el día de ayer 23 de julio ante prácticas discrecionales y arbitrarias del Instituto Nacional de Migración (INM) y violencia por grupos delincuenciales que ponen en riesgo su vida.

Activistas y migrantes varados en la frontera sur de México denunciaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha sido “un sexenio de la muerte“, a propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este jueves 20 de junio. México es el tercer país con más solicitantes de asilo del mundo.

“El gobierno sabía que la situación en Tila, Chiapas, iba a estallar y nada hizo”, afirmó un habitante cuya casa fue quemada durante los enfrentamientos entre grupos civiles armados que han dejado oficialmente tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos de diferentes marcas y modelos incendiados y vandalizados, dos mujeres violadas y más de 4.000 desplazados.

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea regulará el desarrollo y el uso de la IA de “alto riesgo” y promoverá la adopción de una “IA fiable”, protegiendo al mismo tiempo los derechos de las personas afectadas por los sistemas de IA.

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra aproximadamente desde el año 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local.

Chiapas sangra, huye o malvive en una escalada de violencia sin cuartel. El Estado más pobre de México está atravesado por un “conflicto armado no reconocido” desde 2021, desatado por la guerra entre el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y distintos grupos armados, locales y nacionales, enclavados en las dinámicas del narcotráfico y el paramilitarismo.

Cada año miles de personas pierden la vida en su camino hacia Europa. El análisis de los mecanismos y de los obstáculos que encuentran, permite llegar a la conclusión de que, estas muertes, responden a una estrategia de los Estados. Europa ha desarrollado una política activa de obstaculización del acceso a su territorio que pone en riesgo el derecho a migrar y al asilo.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Tuzantán, Chiapas, realizan verificación migratoria arbitraria e ilegal a personas colaboradoras del Servicio Jesuita a Refugiados – México. Denunciamos el perfilamiento racial y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

Miles de mujeres están cruzando América Latina solas o con sus familias en busca de un futuro mejor, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones salen de sus países sin la guía correcta sobre lo que deben llevar para atravesar las fronteras o cómo y por dónde es mejor hacerlo, lo que expone a las migrantes y a sus hijas e hijos a todo tipo de experiencias y violencias, especialmente la sexual.

La criminalización de la migración y de las personas migrantes habilita entornos óptimos para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Casos como el de Juanita, en que las personas migrante son acusadas de delitos que no cometieron, expresan con claridad cómo las autoridades hacen uso de los estigmas y estereotipos para subsanar miedos sociales, sin atender los problemas de fondo.