Por Almena Feminista
En una de las rutas migratorias más transitadas del sur de México, los obstáculos educativos y laborales siguen vulnerando gravemente los derechos y oportunidades de las familias en movilidad. Desde Almena Cooperativa Feminista trasladamos la realidad chiapaneca a Catalunya con el objetivo de comparar dos territorios que, aunque lejanos, presentan algunos patrones en común.
En el marco del proyecto ‘Acogidas Feministas – Transformamos juntas’, Almena Feminista pudo viajar un año más a Chiapas para seguir conociendo de primera mano el trabajo de las compañeras en la frontera México – Guatemala. Acompañadas del equipo de Formación y Capacitación (FOCA), Almena pudo participar en la mesa temática ‘Acceso a la Educación, Infancias y Adolescencias en Situación de Movilidad Humana’ junto a instituciones, redes y organizaciones que compartieron reflexiones y experiencias sobre los retos y avances para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en movilidad. A su vez, e impulsada por FOCA, Almena también participó en la mesa ‘Derechos Laborales para las Mujeres en Movilidad’ en coordinación con La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) de México y con la asistencia y participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, instituciones del gobierno mexicano, así como empresas y agencias internacionales. Toda la información aquí presentada es resultado de los aprendizajes compartidos en los espacios mencionados durante la estadía en Chiapas, así como de años de alianzas feministas Sur – Norte Global en el marco de ‘Acogidas Feministas’.
Nadie debería sorprenderse al escuchar o leer que la escolarización es un derecho para todas las infancias. Así lo apunta la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), entre otros tratados internacionales.
Para Chiapas, el estado mexicano con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, esta premisa no es tan evidente. A pesar de lo que indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su tercer artículo, junto al primer artículo de la Ley General de Educación, muchas niñas y niños en movilidad no cuentan con la posibilidad de acceso a una escuela pública. Por un lado, a veces, estas criaturas no tienen ni acta de nacimiento ni identificación, lo que representa una barrera casi infranqueable para su escolarización. En el mejor de los casos, algunas son admitidas como oyentes para que puedan seguir las clases de forma residual. En el peor, el miedo a una posible deportación hace que muchas familias decidan no desplazarse para realizar los trámites necesarios, siendo vulnerado así ese derecho educativo para sus hijas e hijos.
El miedo a una deportación hace que muchas familias decidan no desplazarse para realizar los trámites necesarios, siendo vulnerado así ese derecho educativo para sus hijas e hijos.
Las barreras lingüísticas representan otro impedimento significativo para la equidad en los procesos educativos. Aunque muchas niñas y niños que llegan a Chiapas sí hablan castellano, existen grupos para los cuales la lengua se convierte en una barrera inmediata, como ocurre con parte de la población haitiana. Según organizaciones y activistas locales, en distintos momentos de los últimos años se ha contabilizado la presencia de entre 18.000 y 35.000 personas haitianas concentradas principalmente en Tapachula, en espera de trámites migratorios o de rutas seguras para continuar su viaje. Un informe de 2023, por ejemplo, señalaba que alrededor de 18.000 personas haitianas permanecían varadas en esta ciudad fronteriza. Aunque aproximadas, estas cifras permiten dimensionar la presión que viven los territorios del sur de México y las múltiples barreras que enfrentan las familias migrantes en su vida cotidiana. A la falta de conocimiento de las lenguas originarias de México por parte del profesorado, se suma el desconocimiento de lenguas habladas por la población migrante. Esta doble brecha lingüística agrava las dificultades de acceso, permanencia y participación plena en el sistema educativo por parte de las infancias en movilidad.
En palabras de Formación y Capacitación (FOCA), organización feminista chiapaneca que acompaña a mujeres e infancias en movilidad en su proceso de empoderamiento, defensoría y exigibilidad de derechos, también existe una dificultad en la homologación de estudios, así como en el reconocimiento de recorridos escolares hechos en otros territorios: «Los calendarios escolares diferentes según países complican esta falta de homologación. Aunque en México deberían aceptarse escolarizaciones tardías en estudiantes, esto a la práctica no siempre se aplica».
Si algo quedó claro tras la mesa temática celebrada en Comitán de Domínguez es que se está vulnerando el derecho universal de priorizar el interés superior de las personas menores de edad, particularmente su acceso al sistema educativo obligatorio.
Se está vulnerando el derecho universal de priorizar el interés superior de las personas menores de edad, particularmente su acceso al sistema educativo obligatorio.
Catalunya, a la cola en becas educativas
La realidad de Chiapas, en algunos puntos, no está tan alejada de ciertos procedimientos que también podemos encontrar en el sistema educativo en Catalunya, en el que se permite la escolarización del alumnado fuera del período ordinario de preinscripción (lo que se conoce como «matrícula viva»). Según datos de 2023 de la Fundació Bofill, el 31% del alumnado catalán que se ha escolarizado con esta matrícula ha podido ser asignado en centros escolares segregados, es decir, en aquellas escuelas que presentan, ya de entrada, una concentración desproporcionada de personas en situación de vulnerabilidad respecto al conjunto del municipio o zona educativa.
No son los únicos paralelismos que encontramos entre el sistema educativo chiapaneco y el catalán. En Catalunya, a pesar de que la educación pública es gratuita, hay servicios imprescindibles para una educación de calidad que comportan unos gastos inasumibles para muchas familias. Es el caso del comedor, las actividades extraescolares, las salidas educativas o las conocidas como «colonias», ese conjunto de actividades fuera del aula que fomentan tanto el aprendizaje directo, como la convivencia y la educación ambiental.
Siguiendo con los datos reportados desde la Fundació Bofill, actualmente el sistema educativo catalán deja sin opción a beca a un 50% del alumnado con pocos recursos a pesar de disponer de un sistema de becas públicas. En concreto, esta comunidad autónoma se sitúa en sexto lugar a la cola de los países con menos inversión en becas educativas a nivel europeo. Y, si nos fijamos en las becas comedor, el resultado sigue siendo el mismo: 87.000 alumnas y alumnos que viven bajo el umbral de la pobreza no reciben dicha beca, lo que significa que, para decenas de miles de niñas y niños, garantizar una comida completa y saludable cada día depende de la situación económica de su familia, y no de su derecho humano básico a la alimentación (Fundació Bofill, 2025).
Catalunya se sitúa en sexto lugar a la cola de los países con menos inversión en becas educativas a nivel europeo.
Por otro lado, la segregación escolar también nos lleva a construir puntos en común entre ambos sistemas. En territorio catalán, en el curso 2024 – 2025, la proporción de población extranjera en las escuelas públicas fue de alrededor del 20%, mientras que en los centros privados no llegó al 17% (p.13 informe, GESOP). Esto hace que las niñas y niños migrantes se concentren en determinadas escuelas, a menudo más periféricas o en barrios más humildes, y que se consideran menos prestigiosas o de peores resultados escolares. Problema que se agrava si tenemos en cuenta la falta de mirada intercultural en los programas formativos y en las metodologías empleadas, más allá de iniciativas puntuales de algunos centros escolares, pero no como política transversal y global, siendo esto, a la larga, un claro riesgo de prácticas discriminatorias y racistas.
Como bien se dijo durante la mesa: «Los procesos migratorios pueden conllevar tanto traumas como violencias». Es fundamental desarrollar un acompañamiento emocional al alumnado migrante con el objetivo de evitar su abandono escolar antes de llegar a los niveles de estudio superiores. Por ahora, los datos nos indican que el sistema educativo catalán continúa lejos del objetivo europeo de máximo un 9% de Abandono Escolar Prematuro (Fundació Bofill, 2025). Además, según datos del Idescat, en 2024 en Catalunya el abandono prematuro de los estudios por parte de la población extranjera de fuera de la Unión Europea era del 34,2%, mientras que en el caso de la población con nacionalidad española este no llegaba al 10,1%.
«Los procesos migratorios pueden conllevar tanto traumas como violencias».
A pesar de las diferencias geográficas, históricas y administrativas entre Chiapas y Catalunya, las realidades educativas de ambos territorios muestran cómo las desigualdades estructurales se reproducen con patrones similares: obstáculos administrativos que frenan el acceso, barreras lingüísticas que dificultan la participación, falta de perspectiva feminista e intercultural transversal y sistemas de apoyo económicos y emocionales insuficientes que expulsan de facto a quienes más necesitan protección. A ello se suman las limitaciones propias de los sistemas educativos, con ratios de alumnado muy altas, recursos escasos, falta de personal, carencias materiales y condiciones laborales extremadamente precarias para el profesorado. Este panorama hace todavía más difícil garantizar una respuesta educativa adecuada a las necesidades reales del alumnado y asegurar la calidad a la que todas las niñas y niños tienen derecho. Sin embargo, estas barreras no afectan únicamente a las infancias. Detrás de cada niña o niño que no puede acceder a una escuela hay, casi siempre, una familia que enfrenta un entramado igual de complejo de exclusiones laborales, trámites interminables y violencias institucionales que limitan su autonomía económica y su proyecto de vida. En el caso de las familias en movilidad, muchas veces nos encontramos con mujeres que crían solas a sus hijas e hijos. Es en ese cruce —entre educación y trabajo, entre cuidados y supervivencia— donde se hace evidente que los derechos vulnerados a las criaturas son inseparables de las condiciones que enfrentan sus familias y, especialmente, las madres migrantes. Y es precisamente ahí donde conviene poner ahora el foco.
Es en ese cruce —entre educación y trabajo— donde se hace evidente que los derechos vulnerados a las criaturas son inseparables de las condiciones que enfrentan sus familias y, especialmente, las madres migrantes.
De lo educativo a lo laboral
Si para las infancias migrantes el acceso a la educación está lleno de obstáculos, para sus madres el camino hacia un empleo digno es igual o más restrictivo. En Chiapas, la precariedad estructural del mercado laboral —marcado por la falta de derechos laborales y la ausencia de mecanismos de protección social— se cruza con las barreras legales y administrativas que enfrentan las mujeres en movilidad. Muchas llegan sin documentación regularizada, sin permisos de trabajo o atrapadas en trámites migratorios interminables que les impiden sostenerse económicamente y, a la vez, garantizar el bienestar de sus hijas e hijos. A esta realidad se suman las cargas de cuidados no remunerados y la violencia institucional que atraviesa toda su experiencia de búsqueda laboral.
El mercado laboral en México se caracteriza por ser mayoritariamente informal. La oferta de empleo formal es aún más escasa para las personas migradas, en general, y para las mujeres, en particular. A esta casuística se le suman las barreras legales a la contratación para personas en situación administrativa irregular, a la cual se le añade un desconocimiento por parte de las empresas sobre la documentación necesaria para la contratación de las personas migradas y/o demandantes de protección internacional. Sin obviar las condiciones laborales marcadas por la precariedad y la explotación, especialmente para las mujeres migrantes, que suelen acceder a empleos con salarios más bajos, jornadas extensas y horarios poco compatibles con las responsabilidades de cuidados.
Las barreras idiomáticas, presentes tanto en Chiapas como en Catalunya, limitan aún más sus posibilidades de inserción laboral y aumentan su dependencia económica. A estas dificultades se añade la discriminación por origen, el racismo cotidiano y el sexismo que atraviesan sus experiencias en los centros de trabajo. Es importante incorporar una mirada de género e intercultural dentro de las empresas para que las mujeres extranjeras no sólo accedan a un empleo, sino que puedan permanecer en él en condiciones dignas y en un espacio libre de violencias machistas.
Un ámbito especialmente afectado por esta lógica es el de los cuidados, donde muchas mujeres migrantes trabajan en la informalidad, sin contratos, sin seguridad social, sin derechos garantizados y con una fuerte invisibilización. Sumando a ello la carga de cuidados de su propia familia, situación aún más compleja en el caso de las mujeres que han migrado con hijas e hijos.
A ello se suman las dificultades para conciliar, ya que el acceso a servicios de escuela o de cuidado infantil suele estar condicionado por la documentación migratoria o por costos inaccesibles. En un contexto donde las redes de apoyo son frágiles o inexistentes, las mujeres asumen solas la responsabilidad de los cuidados: atender a personas dependientes en el país de origen, acompañar a criaturas durante el tránsito y sostener cuidados en destino, todo ello mientras intentan insertarse en un mercado laboral precarizado. Y es que, aunque México avanza en la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados —ya operativo en Ciudad de México mediante iniciativas como las Utopías (centros comunitarios integrales)— es fundamental que la situación administrativa de las mujeres migrantes deje de ser un filtro de exclusión en el acceso a servicios básicos.
Es fundamental que la situación administrativa de las mujeres migrantes deje de ser un filtro de exclusión en el acceso a servicios básicos.
Además de las barreras laborales estructurales, las mujeres migrantes enfrentan obstáculos prácticos que dificultan tanto el acceso como la permanencia en el empleo. Uno de los más recurrentes es la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria, requisito básico para recibir pagos de nómina o formalizar un contrato laboral. Este punto se remarcó mucho en la mesa temática, ya que es un requisito administrativo que en la práctica te impide poder recibir una nómina y, por ende, acceder a un empleo. El Instituto Nacional de Migración (INM) reconoce que no existen estudios recientes sobre el impacto socioeconómico de la migración en México, lo que invisibiliza las aportaciones de la población migrada en el mercado laboral y el crecimiento económico.
El Instituto Nacional de Migración (INM) reconoce que no existen estudios recientes sobre el impacto socioeconómico de la migración en México.
Las condiciones laborales también se ven afectadas por problemas de salud física y mental derivados del propio proceso migratorio, de la violencia institucional y de la falta de acceso a servicios sanitarios de calidad. Para las mujeres trans migrantes, estas barreras se intensifican aún más debido al estigma específico que combina transfobia, racismo y discriminación por origen. A esto se suma el riesgo de trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral, un delito que se nutre de la vulnerabilidad migratoria y que lucra el crimen organizado a través de la explotación de las mujeres. En este escenario, denunciar puede implicar un alto riesgo de deportación, lo que deja a muchas mujeres atrapadas entre la violencia, la precariedad y el miedo. En paralelo, la explotación laboral infantil aparece como un fenómeno transversal que golpea a muchas familias en movilidad, empujando a niñas y niños a trabajar en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Finalmente, la falta de homologación y reconocimiento de títulos profesionales, tanto en Chiapas como en Catalunya, obliga a muchas mujeres —incluidas profesionales cualificadas— a ocupar trabajos muy por debajo de su formación.
Catalunya, las desigualdades laborales se agravan para las mujeres migradas
Igual que en el ámbito educativo, una comparativa con Catalunya vuelve a ser posible si atendemos a la realidad de las mujeres migrantes en el acceso al mercado laboral, especialmente a un trabajo digno en condiciones óptimas.
Según datos del Institut Català de les Dones, a partir de la Encuesta anual de estructura salarial, existe una clara desventaja salarial de las mujeres migrantes. En 2022, las mujeres procedentes del resto del mundo percibieron un salario bruto anual de 20.734 euros, 5.500 euros menos que las mujeres de nacionalidad española (26.293 euros), lo que pone de manifiesto una brecha asociada a la nacionalidad u origen que se suma a la desigualdad de género. Además, dentro del propio colectivo migrante persiste una brecha salarial de género cercana al 20%, ya que los hombres migrantes alcanzan los 25.745 euros anuales. Estos datos reflejan una doble penalización para las mujeres migrantes que las sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad económica y evidencia la necesidad de políticas específicas para combatir la desigualdad salarial y la precariedad laboral que les afecta de forma desproporcionada. Cabe señalar que estas cifras se basan únicamente en datos oficiales y no recogen la situación de muchas mujeres migrantes que trabajan en la economía informal, a menudo en condiciones de mayor precariedad, invisibilidad y falta de protección laboral. Y es que, aunque cerca del 48% de la población extranjera residente en Catalunya son mujeres (Idescat), su presencia laboral se concentra en empleos de baja cualificación y alta precariedad, muy por encima de otros grupos, y lejos de los puestos mejor remunerados o estables. Así como en el caso de México, el trabajo informal es una de las pocas opciones para las mujeres migradas en Catalunya, ya que la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000) las aboca a una irregularidad administrativa de por lo menos dos años.
El trabajo del hogar y los cuidados es el principal sector en que las mujeres migradas se emplean, especialmente como internas, hasta que pueden regularizar su situación administrativa. Este sector es de los más precarizado en el mercado laboral, invisibilizado y a menudo atravesado por violencias sexuales y abusos de poder. Lo refleja muy bien el informe ‘Una violencia oculta: acoso sexual a mujeres migradas trabajadoras del hogar y los cuidados’: «Me decía: si no tienes relaciones conmigo, no tienes el trabajo. Yo no tenía papeles, no conocía a nadie y tenía hijos que necesitaban comer», cuenta un testimonio. Y otro añade: «Me violaba. Y al día siguiente tenía que seguir trabajando, sin haber dormido». El acoso sexual a mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de los cuidados es una de las formas de violencia machista más oculta e invisibilizada de nuestra sociedad.
El acoso sexual a mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de los cuidados es una de las formas de violencia machista más oculta e invisibilizada de nuestra sociedad.
En Barcelona, el 70,1% de los contratos para mujeres extranjeras en 2023 correspondieron a sectores como hostelería, comercio y ocupaciones elementales, mientras que más de la mitad de contratos formalizados para trabajo doméstico fueron firmados por mujeres extranjeras, un claro reflejo de la triple discriminación por género, origen y clase. Estas cifras coinciden con datos más amplios que muestran que las trabajadoras migrantes en España tienen tasas de empleo más bajas que los hombres extranjeros y condiciones laborales más precarias, con contratos temporales o incluso sin formalidad adecuada. Como señala el informe europeo ‘Integración de la población extranjera en el mercado laboral español’, «las mujeres extranjeras enfrentan una doble desventaja en el mercado laboral» debido a su mayor vulnerabilidad y menor acceso a empleos estables. Este contraste no sólo revela desigualdades profundas, sino que exige políticas públicas que reconozcan y aborden las barreras estructurales que impiden a las mujeres migrantes acceder a un trabajo digno.
A lo largo de ambos territorios, las desigualdades no se explican sólo por la falta de políticas adecuadas, sino por sistemas que reproducen exclusiones históricas y sostienen jerarquías. Tanto en Chiapas como en Catalunya, las mujeres e infancias migrantes enfrentan obstáculos que se entrelazan: documentación inaccesible, empleos precarizados, barreras lingüísticas, cuidados invisibilizados, discriminación y violencias múltiples. Sin embargo, también encontramos comunidades, organizaciones feministas y redes de apoyo que resisten a estas lógicas, acompañan procesos de empoderamiento y defienden derechos allí donde el Estado no llega. Reconocer sus aportes y escuchar sus experiencias es el primer paso para avanzar hacia territorios más justos, donde migrar no signifique renunciar a la educación, a la seguridad o a un proyecto de vida digno. Porque garantizar derechos en la frontera —y en cualquier lugar— es una responsabilidad colectiva y urgente.
