Un año más, desde Acollides Feministes participamos en la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada del 18 al 20 de agosto en Montevideo. La Conferencia ha conseguido cerrar con una declaración consensuada, un resultado significativo en el actual contexto internacional de creciente ofensiva antiderechos, aunque las negociaciones evidencian las dificultades para avanzar en derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual y de género.
La VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe ha reunido en Montevideo a gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento al Consenso de Montevideo, adoptado en 2013 y considerado uno de los acuerdos regionales más avanzados en materia de población y desarrollo. Desde Acollides Feministes quisimos estar presentes a través de Diana Damián Palencia (FOCA A.C.), y Carolina Gutiérrez (APROSUVI – Red de Gestoras), participando tanto en los espacios oficiales como en el Foro de la Sociedad Civil y diferentes actividades paralelas.
Nuestra participación partía de una preocupación central: en un momento de ofensiva global y organizada contra los derechos humanos, preservar el Consenso de Montevideo como hoja de ruta regional resulta imprescindible. Y hacerlo requiere no solo mantener los compromisos políticos alcanzados, sino también garantizar los recursos y la cooperación internacional necesarios para convertirlos en políticas públicas.
La Conferencia comenzó con el Foro de la Sociedad Civil, cuya declaración reivindicó la implementación íntegra del Consenso de Montevideo y reclamó el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección social, salud, cuidados y pensiones desde un enfoque universal y accesible. Las organizaciones defendieron la necesidad de proteger los espacios cívicos y a las defensoras de derechos humanos y rechazaron que las diferentes crisis que atraviesa la región sean utilizadas como argumento para recortar derechos.
Esta movilización de la sociedad civil continuó durante el resto de las negociaciones. Las organizaciones concentraron buena parte de sus esfuerzos en evitar retrocesos en el lenguaje de derechos, especialmente en cuestiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, las personas afrodescendientes, las personas en movilidad, la pluralidad de las familias y el reconocimiento del movimiento feminista. Uno de los debates centrales se produjo alrededor del párrafo dedicado a la igualdad de género. La referencia explícita a los derechos sexuales y reproductivos logró mantenerse en el documento final, pero acompañada de una cláusula que condiciona su aplicación a los marcos constitucionales, las leyes y las prioridades nacionales de cada Estado.
El resultado mantiene una referencia fundamental a los derechos sexuales y reproductivos, pero introduce una limitación: cada Estado podrá condicionar su aplicación a su propia legislación y prioridades. Dicho de otra manera, un país podrá respaldar el acuerdo regional y, al mismo tiempo, no aplicar plenamente los derechos que este reconoce.
Todavía más evidente fue la disputa alrededor de una propuesta para reconocer expresamente la diversidad sexual y de género y los derechos de las personas LGBTIQ+. Pese al respaldo de varios países, la oposición de algunas delegaciones impidió alcanzar el consenso necesario y el párrafo terminó desapareciendo de la declaración final.
En este sentido, adquirió especial relevancia la posición defendida por México, que alertó durante la Conferencia de la existencia de debates que están cuestionando consensos alcanzados previamente en la región. La delegación mexicana llamó a preservar los acuerdos existentes y acelerar su implementación, en lugar de reabrir su cuestionamiento, y defendió un enfoque integral basado en los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la interculturalidad y la evidencia científica.
Acollides Feministes participó, entre otros espacios, en el encuentro sobre polarización y derechos sexuales y reproductivos organizado por Mujer y Salud en Uruguay, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y Salud Sin Miedos; y en el evento dedicado a las acciones urgentes para prevenir los matrimonios y uniones infantiles, el embarazo adolescente y la violencia sexual en América Latina y el Caribe.
Que Montevideo terminara con una declaración final consensuada es, en sí mismo, un resultado relevante. Especialmente después de que la CPD59 celebrada en Nueva York en abril de 2026 no consiguiera aprobar un texto final y de las dificultades para alcanzar consensos en otros espacios multilaterales recientes.
Pero el resultado también obliga a mirar con atención qué está pasando de forma cada vez más constante. La negociación de Montevideo muestra que la ofensiva antiderechos no actúa de la misma manera en todos los ámbitos. Mientras existen espacios amplios de acuerdo en determinadas cuestiones geopolíticas, los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ se han convertido en uno de los principales terrenos de confrontación. Para el multilateralismo feminista regional, esto supone entrar en una etapa cada vez más defensiva en la que los esfuerzos no se concentran en ampliar derechos, sino en evitar que desaparezca el lenguaje y los compromisos conquistados durante décadas que se creían asentados.
